El Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán (Colectivo PTFY) presentó dos demandas de amparo en contra del Congreso estatal por negarse a aprobar el matrimonio igualitario en la entidad.
El 10 de abril pasado, el pleno del Congreso local rechazó la reforma al artículo 94 de la Constitución local para que el matrimonio no se restrinja a la unión de un hombre y una mujer.
La votación de las diputadas y diputados se realizó en forma secreta, a propuesta de la Mesa Directiva del Congreso.
Las dos demandas de amparo fueron presentadas el pasado 22 de abril.
“La primera demanda, que será resuelta por el Juzgado Primero de Distrito, fue presentada en contra de la decisión de votar de manera secreta la iniciativa de matrimonio igualitario, sin que pudiese conocerse el sentido en el que votó cada uno de las y los legisladores”, indicó el colectivo, en un comunicado.
Si bien algunos miembros de la Legislatura habían hecho pública su posición ante el tema, la sola votación en secreto viola los derechos humanos y es antidemocrática, dijo Alex Orué, vocero del Colectivo.
El juicio de amparo en contra de la votación secreta, apuntaron, lo llevan de manera conjunta con la organización Article 19 México, especializada en temas de libertad de expresión.
“La segunda demanda presentada, que será resuelta por el Juzgado Cuarto de Distrito, plantea que la decisión de no aprobar el matrimonio igualitario viola el Pacto Federal al incumplir con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explicó Carlos Escoffié Duarte, abogado del Colectivo.
“Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que para cumplir con la Constitución Federal debe permitirse el matrimonio igualitario, el Congreso de Yucatán decidió que esa parte del Pacto Federal no la va a cumplir y que puede arbitrariamente seleccionar en qué cosas le hará caso a nuestro máximo Tribunal y en cuáles no”.
Ambas demandas de amparo, señaló el Colectivo, ya fueron admitidas en los juzgados y el Congreso de Yucatán ya debió haber sido notificado.
“De las 36 personas que demandaron al Congreso en ambos juicios, la mayoría son miembros de la comunidad LGBT+. Los demás son activistas de derechos humanos y académicos, así como familiares de personas LGBT+”, refirieron en su comunicado.
