Lorena Recabarren otra vez en el ojo del huracán: Tres polémicas protagonizadas por la subsecretaria de DDHH

Tras asegurar que prohibir las terapias de conversión para homosexuales podría ser “discriminatorio” para quienes quieran “tratarse”, la subsecretaria Recabarren nuevamente se convirtió en blanco de críticas. Su quiebre con el mundo de la diversidad sexual tiene larga data, pero también es recordado el rol que jugó durante el estallido social, donde se convirtió en la voz del Gobierno para refutar informes internacionales en materia de derechos humanos.

DIVORCIO CON EL MOVILH

En septiembre del 2019, el Gobierno decidió no promover la tramitación del proyecto de matrimonio igualitario, en el marco del plan nacional de DD.HH. “Nunca ha estado en la agenda del programa de nuestro Gobierno, liderado por el Presidente Piñera, impulsar el matrimonio igualitario”, aseguró en entrevista con 24 Horas.

Ante ello, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) redactó una dura carta contra Lorena Recabarren, acusándola de poner obstáculos para la tramitación de dicha iniciativa y de dar un giro a su opinión en la materia.

“Usted pasó de apoyar públicamente el matrimonio igualitario, a generar estrategias y barreras para impedir su avance. Ha desconocido públicamente los compromisos explícitos y literales asumidos por el Estado (…) usted cambió de ‘principios’ como quien cambia de zapatos y ajustó su visión sobre los derechos humanos a aspiraciones desconocidas hasta ahora”, le enrostraron.

EL NINGUNEO A AMNISTÍA INTERNACIONAL

El 21 de noviembre del año pasado, Amnistía Internacional emitió un duro informe donde acusaba que “la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”.

Así también denunció al Gobierno encabezado por Sebastián Piñera de estar “cometiendo ataques generalizados, usando la fuerza de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta”.

El Ejecutivo salió a responder a través de la subsecretaria Recabarren, quien durante el estallido social se había mantenido de bajo perfil hasta ese día. En sus declaraciones, rechazó “categóricamente” el documento y acusó que el organismo ni siquiera solicitó información al Gobierno sobre la materia.

Sin embargo, desde Amnistía Internacional replicaron que pidieron reuniones con el Ejecutivo en dos ocasiones y no hubo respuesta. La polémica llegó a tal nivel -con intervención autónoma del Ejército incluida- que el Gobierno tuvo que salir a reconocer que efectivamente le habían pedido reunirse durante la visita a Chile de la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, pero decidieron desestimarla por “la forma en la que fue solicitada”.

Paralelamente, un grupo de estudiantes suyos de la carrera de ciencia política de la Pontificia Universidad Católica (PUC) emitió una declaración donde llamaron a Recabarren a “no relativizar las violaciones a los derechos humanos y asumir un compromiso que no se altere en base a posiciones ideológicas”.

LA POLÉMICA POR TERAPIAS REPARATIVAS

La más reciente polémica protagonizada por la subsecretaria Recabarren tuvo lugar en la discusión para reformar la Ley Zamudio en la comisión de DD.HH. del Senado, a raíz de una indicación de la senadora Adriana Muñoz que prohíbe, a todo evento, las terapias de conversión de orientación sexual o identidad de género.

“La forma en que está redactada está en términos absolutos, es decir, se podría aplicar a casos donde se podrían contar con la anuencia de una persona que quisiera tratarse, y ahí estamos en un problema, porque iríamos contra la voluntad de una persona (…) estaríamos diciendo que este tipo de actos es discriminatorio. Por tanto no está adecuadamente redactada”, sostuvo.

Sus palabras generaron la inmediata reacción del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), quienes acudieron hasta el Ministerio de Justicia para exigir su renuncia. “Estas terapias están prohibidas, totalmente prohibidas, por la Organización Mundial de la Salud, por nuestro propio Ministerio de Salud y por todos los organismos internacionales de derechos humanos”, acusó su presidente, Óscar Rementería.

Tras el hecho, la subsecretaria explicó que ella en verdad rechaza este tipo de tratamientos, los calificó de “denigrantes”, y subrayó que “nunca he dicho que las terapias de conversión puedan ser voluntarias”.