El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) pidió este lunes la reforma de la ley contra la discriminación para que incluya las agresiones que contengan elementos discriminatorios aunque el origen del conflicto no sea por la orientación sexual, el género o la raza.
Tras la paliza a una pareja gay, propietaria de una tienda en la localidad de Navidad, el Movilh pidió la reforma “urgente” y “necesaria” de esta legislación, conocida como Ley Zamudio, que se promulgó en 2012 tras el asesinato del joven Daniel Zamudio en manos de un grupo neonazi.
“Esta ley supuso un paso adelante en la toma de consciencia y para la protección de la discriminación en general. Pero tiene una serie de deficiencias que ya advertimos en su momento”, explicó a Efe Rolando Jiménez, portavoz del Movilh.
Entre estas reclamaciones, destaca que no solo se sancionen los hechos originados por discriminación sino aquellos conflictos que tengan “elementos discriminatorios al comienzo, durante el desarrollo o al final de una pelea”, como sucedió el pasado sábado a una pareja que regenta una tienda de electrónica en Navidad.
Los dos propietarios fueron agredidos por tres individuos que querían realizar un cambio en el comercio sin tener el comprobante de la compra.
“Sin provocación, sin insultos ni discusión previa” empezaron a golpearlos mientras proferían “insultos homófobos”, según sostuvieron los dos afectados.
Desde el Movilh lamentaron que el tribunal que tomó el caso no contemplara la variable “homófoba” ya que, “si bien el conflicto no se originó por discriminación, si derivó en ello y con violencia extrema”.
Desde esta organización sin ánimo de lucro también denunciaron que en los seis años de vigencia de la Ley Zamudio “han habido menos de 400 denuncias” porque el texto del articulado las “desincentiva”.
Jiménez argumentó que en “México, Argentina y algunos países europeos” la carga de la prueba reside en la persona que es acusada de homofobia, o de cualquier acto de discriminación, mientras que en Chile es la víctima quien debe demostrarlo.
Además, las personas que no puedan probar en el juicio que fueron objeto de discriminación deben pagar una multa, hecho que según el Movilh, “pesa sobre los denunciantes y desincentiva más la presentación de acciones”.
Por otra parte, esta organización reclama la creación de un “organismo del Estado” que se haga cargo de los casos de “discriminación por orientación sexual, género, raza, situación socioeconómica o inmigración”.
“Necesitamos una organización que desde el Estado proponga políticas públicas, persiga los casos discriminatorios, incida en ellos y también haga estudios”, concluyó Jiménez, quien aseguró que ésta tarea ahora está en manos de grupos de la sociedad civil.
